El proyecto político del Partido Popular (pseudo autoritario y pseudo totalitario)


Quiero comenzar el artículo destacando que no voy a utilizar las etiquetas políticas, que menciono en el título, de forma gratuita. Antes de definir las nociones de autoritarismo y totalitarismo que voy a utilizar (que serán las académicamente aceptadas) también es justo rechazar la acusación de “fascista” que se le hace al Partido Popular. La rechazo en los siguientes términos: esta formación política tiene un carácter ultra conservador, lo que choca con la condición revolucionaria del fascismo; además el PP es marcadamente católico, grado que el fascismo no comparte; y, por último, es neoliberal en sus políticas económicas, en claro contraste con la planificación económica (sin cuestionar el capitalismo) que ha practicado el fascismo. Podrían compartir, qué duda cabe, el exacerbado carácter nacionalista, al que el fascismo condicionaba su unidad política, mientras en el nazismo primaba el elemento de la raza.

Retomando el tema específico del artículo, el politólogo español, Juan Linz, diferenció entre autoritarismo y totalitarismo, y para ello tuvo que definir estos dos elementos. Respecto del autoritarismo decía que se trataba de un sistema político con un pluralismo limitado, con una ideología poco elaborada, con poca movilización política y en el que una minoría (o jefe) ejerce un poder en unos límites mal definidos. En un régimen totalitario, el Estado (controlado por una élite) busca asumir un alto grado de control en la población, integrando a ésta en sus redes políticas, siendo esencial para ello un férreo control sobre el aparato mediático del país.

Volviendo al PP, ningún partido político, en el presente régimen, ha gozado de un poder tan amplio como el que tiene esta formación política actualmente. Lo cual, es una consecuencia de un sistema diseñado sin contrapoderes, y cuyo control descansa sobre la responsabilidad del político, lo cual es una fórmula bastante arriesgada. Este panorama, posibilita que el Partido Popular, en esta legislatura, pueda consolidar una serie de reformas que, casi con toda seguridad, habrán sido diseñadas en instancias ajenas al Estado español. No hay que olvidar que regalamos nuestra soberanía y nuestra política monetaria a otro ente, el cual es aún menos representativo de la ciudadanía que los propios parlamentos nacionales. En cualquier caso, el PP acepta estas directrices sin oposición alguna, ya que se encuentran en perfecta consonancia con su línea ideológica. Por tanto, se le ha asignado a Mariano Rajoy, que lleve a cabo un programa de recortes de amplio calado, que afectará sensiblemente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

No es objeto de este artículo analizar esos recortes, cuya dureza es evidente, sino el observar los instrumentos políticos con los que va a dotarse este partido, para hacer frente al previsible clima hostil que se avecina tras estos recortes. Por ello, el Partido Popular se anticipa a esa posible oleada de protestas, que en cualquier caso pueden también no llegar a producirse, por lo que su actuación bebería directamente de la doctrina del “ataque preventivo”. En este sentido, su primera medida es de carácter netamente autoritario y se dirige a desmovilizar a una sociedad que podría cuestionar las actuaciones (el poder) de la minoría que ostenta la acción de gobierno. Mi conclusión se explica fácilmente cuando se atiende al batallón de medidas que prepara el PP, para limitar el derecho de manifestación: 

  • Considerar la resistencia pasiva (grande) delito de atentado a la autoridad. Esto también incluirá la popular acción de las sentadas con los brazos encadenados. De hecho, para Ignacio Ulloa (Secretario de Estado de Seguridad), esto último tendrá la misma consideración que si se agrede a un policía.
  • Sería delito de integración en organización criminal, la mera publicidad por Internet de las convocatorias que el Gobierno considere violentas o que alteren el orden público.
  • Las amenazas y comportamientos intimidatorios dirigidos contra un agente, tendrán la misma valoración que si se tratase de un ataque violento.
  • Por último, el PP en Barcelona, ha pedido aplicar la normativa existente para la kale borroka (lucha callejera) a los que puedan provocar altercados.

Felip Puig, pese a no ser del PP, sino de CIU, dejó muy clara la necesidad de que la gente tenga más miedo al sistema. De hecho, el miedo es un elemento que sirve a los sistemas autoritarios para desmovilizar a la población. En este caso, se está hablando de aplicar legislación antiterrorista para disturbios callejeros, o de considerar atentado a la autoridad a prácticamente cualquier acción, no necesariamente violenta, que puede ocurrir durante las manifestaciones. Se están diseñando unas consecuencias penales que no se corresponden con ningún tipo de proporcionalidad. Es evidente, que el PP busca minimizar la respuesta que pueden acarrear sus recortes, y por eso busca jugar con el miedo que estas medidas pueden infundir en la ciudadanía. Por lo tanto, estas limitaciones aplicadas a un derecho básico como es el de manifestación, sumado, al resto de medidas, son características más próximas a los Estados autoritarios que a las democracias.

Pero, la batalla de las ideas también es un campo que no se debe descuidar. Eso es algo que los Estados totalitarios entienden perfectamente, y ejercen mediante el control de los medios de comunicación. En España, es justo reconocer que la libertad de prensa goza de buena salud, al menos si no consideramos el carácter plutocrático presente en el acceso a los principales medios privados de comunicación. Sin embargo, el Partido Popular, como también el PSOE y otras formaciones, ya cuenta con medios privados que difunden una versión concernientemente sesgada de la realidad para beneficiarle en términos de imagen. Pero, el limite siempre ha sido la televisión pública, porque más allá de la evidente, que no justificable, influencia que ejerce en RTVE el partido que en esos momentos ostente el Gobierno; el ente público ha mantenido unos niveles aceptables de imparcialidad, salvo alguna excepción como la que a todos nos vendrá ahora mismo a la memoria.

A día de hoy, el Partido Popular ha decidido romper con el consenso que databa del 2006 y que exigía que dos tercios de los diputados acordaran la elección del consejo de administración de RTVE, ahora será suficiente con la mayoría absoluta, que es con la que cuenta en la actualidad el PP. El partido conservador justifica su postura aludiendo que era urgente renovar RTVE, y la falta de acuerdo con el PSOE forzó esa solución. A pesar de esa justificación, la manera de actuar deja entrever como va a comportarse esta fuerza política cuando les cueste alcanzar acuerdos. En cualquier caso, el resultado de esta medida, es que el Partido Popular va a tener un control omnímodo sobre el consejo de administración de RTVE, y por ende, también, sobre su programación.

Esos medios coinciden con el hacer de un Estado totalitario, porque desaparece aquella situación en el que el Gobierno de turno, solo tenía cierta influencia sobre el canal público, ahora se tratará de un control total. De esta manera, unos noticiarios debidamente retorcidos y una programación adecuada pueden lograr: 

  • El convencer de la obligatoriedad de los recortes.
  • El hacer parecer éstos menos duros de lo que son en realidad.
  • Presentar los actos públicos, que se produzcan contra dichos recortes, de forma que parezcan violentos e indeseables, de modo que, contribuya a justificar la nueva normativa que los coarta.

Evidentemente, si consolidan el control total sobre la televisión y la radio pública, se potenciará el intentar desprestigiar al resto de fuerzas política, como también se verá reducido el tiempo de aparición de éstas en el medio público. Ese sería el elemento principal que, presumiblemente, motiva el desacuerdo con la medida del resto de fuerzas políticas. No obstante, esta reforma podrá beneficiar al PSOE en un futuro, o a otro partido, si alcanza la mayoría absoluta; entonces, se encontraría ante la tesitura de cambiar la norma o dejarla de esa manera, la cual tiene un carácter totalitario porque sitúa el poder del Gobierno en la televisión pública a un nivel máximo.

Es posible representar estas medidas como una hilera de instrumentos de los que puede servirse el Gobierno del PP para llevar a cabo “su” proyecto político. Los recortes, presumiblemente, deberían generar una respuesta en la calle, la cual será eficientemente combatida con la nueva normativa. A su vez, el control de RTVE asegurará una imagen benevolente de los recortes y de esa normativa dirigida contra el derecho de manifestación, mientras que demonizará a todo aquel que se oponga a ese proyecto político, es decir quizás lleguen a calificarlo como “enemigo de España” (acusación, cuya autoría futurible podría atribuirse a algunos cargos del Partido Popular). Obviamente, no se trata de un Estado autoritario, ni mucho menos totalitario, pero este conjunto de medidas aleja al Estado español de lo que es un régimen occidental convencional, y lo acerca a Estados de corte más autocrático.



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