“Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un
Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas.”
La segunda
enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que fue aprobada
ni más ni menos en 1791, es la que permite que los ciudadanos estadounidenses
puedan tener armas. Como el resto de normativa de origen anglosajón es posible
que en su momento tuviera sentido, pues no hacía ni 10 años que había terminado
la Guerra de Independencia. La situación, por aquel entonces, era la de un país
que había vencido a su metrópoli y quería cubrirse las espaldas, por lo que debía
contar con un pueblo armado que le permitiera hacer frente a cualquier amenaza
extranjera. Esto era comprensible, y lo seguiría siendo siempre y cuando el
ejército de ese país no se hubiera convertido en el más poderoso del mundo.
Por otra parte, los Estados
Unidos cuentan además con su policía e incluso con el romántico vestigio del
pasado al que llaman Guardia Nacional. De modo que, no cabe duda de que el país
se encuentra bien guarnecido, defensiva y ofensivamente hablando. Por ese
motivo, la segunda enmienda ha perdido la vigencia, y conviene ser revisada. Y
es que las normas han de adaptarse a una realidad cambiante, ya que éstas fueron
concebidas para escenarios determinados. No es útil anclarse en el inmovilismo
jurídico.
En cambio, este empecinamiento
ha convertido a Estados Unidos en un país donde hay 90 armas por cada 100
habitantes[1].
Esta cifra tan alta es muy importante para comprender el origen de la cuestión,
ya que si hay tantas armas en circulación es porque no les faltan compradores.
Con ello se genera una dinámica peligrosa, la cual se deriva del hecho de que nadie
quiere ser el “único” que se quede sin su arma, pues la idea de ser una de las
“pocas” personas desarmadas puede generar inseguridad. Pero, la masacre
acontecida en el pueblo de Newtown (Connecticut) este 14 de octubre, parece que
ha sido acogida con especial sensibilidad, al menos por Obama, quien ha
afirmado que usará todo el poder de su cargo para que tragedias como aquella no
se repitan.
De este modo, ha manifestado que
apoyará una medida encaminada a prohibir los fusiles de asalto. Sin embargo, esta
medida difícilmente alcanzará a la raíz del problema. En primer lugar, porque
no parece que vaya a afectar a todo el armamento, y segundo, y más importante,
porque prohibir algo que está profundamente arraigado (y ampliamente aceptado)
en una sociedad solo conduce al contrabando. En Estados Unidos es completamente
legal adquirir armas desde 1791, por lo que si se desean prohibir con garantías
habrá que introducir criterios educativos y correctivos. Asimismo, no se puede
ignorar que cualquier proyecto legislativo que vaya en esa dirección va a
encontrarse con la oposición de la NRA (National
Rifle Association), así como la de los demás grupos que conforman el lobby armamentista,
lo cual incluye a la industria armamentística. ¡Casi nada!
Por tanto, la introducción del
debate en la sociedad es fundamental. Lo es, porque las trabas que se va a
encontrar cualquier proceso legislativo que pretenda reducir el flujo de armas,
deberá acompañarse, necesariamente, de una opinión fundamentada de la propia
sociedad. Si no se diera ese hecho tendería a imponerse el criterio de a quien le
beneficia el negocio de las armas, pues éste no duda. Ahora bien, un negocio desaparece
cuando se queda sin compradores, pero si es prohibido, sin que moralmente
suscite un rechazo social, únicamente se vería obligado a tomar otros caminos
para llegar al cliente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario