Corría el año 2011, cuando Partido Popular y Partido Socialista decidieron reformar la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda. Por aquel entonces, ese gesto estaba contribuyendo a consolidar un principio, según el cual no importaba cuántos esfuerzos tuviera que hacer un país para poder acometer sus pagos. Hasta el momento, ningún Estado había cuestionado esa manera de funcionar. Sin embargo Grecia, quizás en homenaje a aquella filosofía a la que dio a luz, lanzó el interrogante que precede a toda reflexión: ¿por qué? Consecuentemente, tras el triunfo electoral de Syriza, el país heleno demanda que la deuda sea sometida a revisión.
Esa propuesta no tardó en ser respondida. El Banco Central Europeo ha afirmado que no está de acuerdo con un alivio de la deuda. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional sostiene que no aceptaría una quita de la deuda. Alemania, cuyo papel durante la campaña electoral griega ha sido activo, niega que pueda producirse una quita y recordó que Grecia debe seguir apostando por la austeridad. Incluso España que, como Estado miembro de la unión, también ha dejado dinero a Grecia, advirtió que la reestructuración de la deuda no se contempla. Aunque la posición de los acreedores sea bastante rígida, no debería alcanzar a las políticas de un Estado, pues ningún pacto político, firmado por un gobierno, debería marcar la hoja de ruta del siguiente.
Todos estos hechos dan pie a un nuevo escenario con múltiples posibilidades. No obstante, pese a que la visión más ortodoxa mantenga que las deudas se han de pagar, surge otra que incluye además distintos matices. En este sentido, pueden introducirse nuevos elementos como la legitimidad de la deuda o la cantidad de intereses que merecen ser satisfechos. Asimismo, no conviene descuidar tampoco los dramas humanos que podrían derivarse de un pago de la deuda, si éste se acomete en condiciones extremadamente severas para el Estado griego. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta todos estos elementos y no actuar de modo salomónico.
En consecuencia, el nuevo gobierno heleno debe asumir una determinación. Así pues, al respecto es interesante observar el caso de Ecuador. Este país recientemente ha reestructurado su deuda y ha conseguido buenos resultados. ¿Cómo fue su proceso? En primer lugar, se hizo una auditoria de la deuda y se concluyó que el 70% de la misma era ilegítima. Posteriormente, pudieron comprar su propia deuda a precio de mercado (900 millones de dólares), cuando a Ecuador se le estaba solicitando un pago de alrededor de 3000 millones. El ahorro fue considerable y aparentemente el proceso bastante correcto.
A pesar de ello, el discurso predominante afirma que cuando alguien no paga toda la deuda, es posible que no le vuelvan a prestar dinero. Esto parece un recurso para desincentivar intentos de auditorias de deudas. Pues bien, conviene destacar que Ecuador, después de esa reestructuración, le siguen ofreciendo créditos. Además, el país tiene la más alta calificación de crédito de su historia reciente, de hecho la agencia Moody´s la elevó en diciembre del año pasado al nivel B3 (estable). Por tanto, del caso de Ecuador, se puede deducir que es posible llevar a cabo una reestructuración seria de la deuda, y con consecuencias positivas para el país que la realiza.
Esa propuesta no tardó en ser respondida. El Banco Central Europeo ha afirmado que no está de acuerdo con un alivio de la deuda. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional sostiene que no aceptaría una quita de la deuda. Alemania, cuyo papel durante la campaña electoral griega ha sido activo, niega que pueda producirse una quita y recordó que Grecia debe seguir apostando por la austeridad. Incluso España que, como Estado miembro de la unión, también ha dejado dinero a Grecia, advirtió que la reestructuración de la deuda no se contempla. Aunque la posición de los acreedores sea bastante rígida, no debería alcanzar a las políticas de un Estado, pues ningún pacto político, firmado por un gobierno, debería marcar la hoja de ruta del siguiente.
Todos estos hechos dan pie a un nuevo escenario con múltiples posibilidades. No obstante, pese a que la visión más ortodoxa mantenga que las deudas se han de pagar, surge otra que incluye además distintos matices. En este sentido, pueden introducirse nuevos elementos como la legitimidad de la deuda o la cantidad de intereses que merecen ser satisfechos. Asimismo, no conviene descuidar tampoco los dramas humanos que podrían derivarse de un pago de la deuda, si éste se acomete en condiciones extremadamente severas para el Estado griego. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta todos estos elementos y no actuar de modo salomónico.
En consecuencia, el nuevo gobierno heleno debe asumir una determinación. Así pues, al respecto es interesante observar el caso de Ecuador. Este país recientemente ha reestructurado su deuda y ha conseguido buenos resultados. ¿Cómo fue su proceso? En primer lugar, se hizo una auditoria de la deuda y se concluyó que el 70% de la misma era ilegítima. Posteriormente, pudieron comprar su propia deuda a precio de mercado (900 millones de dólares), cuando a Ecuador se le estaba solicitando un pago de alrededor de 3000 millones. El ahorro fue considerable y aparentemente el proceso bastante correcto.
A pesar de ello, el discurso predominante afirma que cuando alguien no paga toda la deuda, es posible que no le vuelvan a prestar dinero. Esto parece un recurso para desincentivar intentos de auditorias de deudas. Pues bien, conviene destacar que Ecuador, después de esa reestructuración, le siguen ofreciendo créditos. Además, el país tiene la más alta calificación de crédito de su historia reciente, de hecho la agencia Moody´s la elevó en diciembre del año pasado al nivel B3 (estable). Por tanto, del caso de Ecuador, se puede deducir que es posible llevar a cabo una reestructuración seria de la deuda, y con consecuencias positivas para el país que la realiza.
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